El PRD tras la elección de 2009

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) pretendía obtener en 2009, por lo menos, una votación muy similar a la elección intermedia de 2000 y de 2003, alrededor del 18% de las preferencias electorales para diputados de mayoría relativa. Pero no fue así. Solo alcanzó poco más del 12% de los votos. Una reducción a grosso modo de 5 puntos porcentuales, los cuales supo recuperar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su propio beneficio.

Si. Efectivamente fue una debacle electoral muy severa. Y más si se compara con el 29% de los votos obtenidos por la alianza de diputados por mayoría relativa en 2006, quienes se vieron favorecidos por la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Incluso en el Distrito Federal, bastión tradicional del PRD, la preferencia electoral se vio muy desfavorecida.
Con la resaca de la fiesta electoral, se inicia un período para analizar las fallas. De crítica al interior de los partidos, aunque en el PRD dista mucho de ser una verdadera autocrítica y más parece que lo que va iniciar es una guerra de reclamos entre sus tribus.

La baja electoral del PRD se debe principalmente a tres factores. La primera, que a muchos se les está olvidando en este momento, es el descrédito que alcanzó el partido por los arranques mesiánicos de Andrés Manuel López Obrador tras no resultar presidente en 2006. Aunque se le diera la razón a López Obrador de que le robaron la elección, su actuar distó mucho de los motivos de por qué la gente votó por él. Mostrándose contrario a cualquier principio democrático de aceptar los resultados de las elecciones, respetar a las instituciones electorales y soportar la derrota. Desde entonces el PRD perdió no solo votantes atraídos por el carismático AMLO, sino que también perdió parte de un electorado que le había sido fiel desde elecciones anteriores. Resultaría ilógico e ingenuo pensar lo contrario, lo que abría que pensar es de qué tamaño había sido el costo electoral.

No conformes los perredistas con lo anterior, el partido se ha dividido claramente en dos, las tribus radicales que giran en torno a López Obrador, y las tribus moderadas que encontraron en Jesús Ortega su representante más visible, quienes buscan rescatar al partido del hoyo al que los arrastró la elección de 2006. La máxima de “divide y vencerás” se cumple como el segundo factor. La guerra civil entre las tribus fue inevitable, y la presidencia del partido se convirtió en la batalla que decidiría el equilibrio entre las fuerzas enconadas. El cochinero de la elección interna, por ambos lados, fue tal que no se pudo resolver al interior del partido, Jesús Ortega alcanzó la presidencia ante la mediación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, situación que los contrarios ven como la imposición externa de asuntos partidistas. Obvio, Ortega desde la presidencia acaparó candidaturas y ante la derrota electoral, ahora le echan la culpa de que fue por sus candidatos, de que fue por la lucha interna que él promovió ante tribunales y las disputas internas se atizan.

El tercer factor claro de la caída perredista fue el apoyo de AMLO a los partidos tradicionalmente aliados al PRD. Tanto el Partido del Trabajo como el partido Convergencia se jugaban su existencia en la elección. Parecía improbable que alcanzara cada uno el 2% de los votos necesarios para alcanzar el registro. Por lo tanto, López Obrador dio la espalda al PRD y se dedicó a apoyarlos entre los radicales leales a su movimiento legitimista. No se puede medir que porcentaje hubiesen obtenido estos partidos sin el apoyo lopezobradorista, pero definitivamente hubiese sido menor del recibido entre ambos, el 6%. Es probable que tal vez la mitad de los votos o un poco menos hubiesen sido del PRD directamente, lo que reduciría la caída perredista de 5 a solo la mitad de puntos porcentuales (sin considerar en este escenario el papel que jugó el Voto Blanco que definitivamente también golpeó al PRD).

El caso de la jefatura delegacional de Iztapalapa, la última gran batalla de la desunión perredista, reúne los dos últimos factores del desastre del PRD, la lucha interna y el apoyo de López Obrador a partidos distintos del PRD, que es desde donde parte el actual análisis de los principales actores políticos perredistas. Pero se olvidan del primer factor que viene desde 2006, en que así como AMLO es seguido por muchos, también le dieron la espalda muchos otros electores tradicionalmente perredistas que ahora dieron su voto a otro partido.

También es cierto que la renuncia del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez, ante los malos resultados de su partido, es un ejemplo a seguir por todos los demás partidos políticos del país, ésta debe de entenderse como una medida para defender al presidente Calderón y de rebote al PAN para las elecciones de 2012; una posible renuncia de Jesús Ortega lo único que haría sería dejar al PRD en manos de los radicales, quienes no ven que el escaso porcentaje que se alcanzó en alguna medida fue por la campaña de reposicionamiento que realizó Ortega con la niña Marianita.

La guerra civil del PRD se reinicia.

Ante la patidocracia, el voto nulo

Durante la campaña electoral de 2009, el desencanto ciudadano ante la partidocracia mexicana, surgieron dos movimientos civiles de impacto nacional: por un lado el de México SOS, encabezado por el empresario Fernando Martí tras la dramática muerte de su hijo secuestrado, que busca comprometer a los legisladores con las necesidades reales de la sociedad, como lo es la lucha contra la delincuencia; por otro, el del Voto en Blanco, encabezada por otra organización que sentenciaba en su página web (http://votaenblanco.org.mx/) que “LA ABSTENCIÓN ES APATÍA, VOTAR EN BLANCO (anular el voto) ES PARTICIPACIÓN”.

Tan luego como comenzó a promocionarse el Voto Blanco, surgieron las voces que condenaban dicha medida, en especial los partidos políticos y el mismo gobierno, quienes se mostraron escandalizados por dichas acciones. No es para menos.

Un ciudadano al sentirse desmotivado a participar en la elección simplemente no acude a sufragar por apatía. Se abstiene. Conforme el abstencionismo crece, la decisión electoral se deja en menos ciudadanos quienes decidirán por quienes no acudieron a votar, y en buena medida a mayor abstencionismo, menor legitimidad del candidato ganador; además de que el sistema electoral eleva su costo, ya que éste debe de garantizar la participación de todos los electores y al no acudir como en esta jornada más de la mitad de los votantes, se pierden recursos económicos, humanos y materiales innecesariamente en la misma proporción.

Por su parte, el Voto en Blanco no necesariamente implica un desuso del sistema electoral, sino al contrario, dentro de la misma jornada electoral se hace constar en cada boleta anulada que no existen dentro de los candidatos una opción para la elección del votante. Si bien, tanto con el abstencionismo como con el Voto Blanco, los partidos dejan de recibir votos, la razón diferente, y la consecuencias también.

En primer lugar, se cuantifica claramente que número de votantes que participaron en el proceso se encuentran sin representación para elegir a un candidato, que se debe de leer como un segmento de la población al que los partidos políticos no representan y que quieren ser representados. En segundo, y es donde más le duele a los partidos políticos, al aumentar el número de votos nulos dentro del total de los votos efectivamente emitidos, baja el porcentaje de los votos recibidos por ellos, lo que implica que se reduce en la misma proporción las prerrogativas económicas que recibirá la partidocracia. Dicho de otra forma, según los resultados del PREP del IFE a su cierre, 1 millón 839 mil 971 ciudadanos, que representan el 5.39% de los votos emitidos, han reducido el dinero que recibirán los partidos por prerrogativas en un porcentaje similar para los siguientes tres años.

Los partidos políticos deben de reflexionar el Voto en Blanco, claro en busca de la democracia para que disminuya mediante la atención las inconformidades ciudadanas. Pero sería peligroso que en vez de hacer eso, atenten contra la democracia misma al buscar candados que impidan el Voto en Blanco, con el fin de salvar sus prerrogativas y consolidar la partidocracia. En los dos supuestos, se reduciría el Voto en Blanco, pero la última sería funesta para el país.

El Presidente Democrático

Después del incierto año de 1994, cuando la sociedad mexicana se cimbró con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que opacó la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y con el asesinato del candidato priísta Luis Donaldo Colosio Murrieta, decidió votar por la continuidad y estabilidad que ofrecía Ernesto Zedillo Ponce de León.

Texto completo en: Almanaque de México: Presidencia.

Nuevamente la partidocracia se impone

(Texto original del 10 de septiembre de 2007)

Los intereses de la nación nuevamente son moneda de cambio.

La llamada reforma del Estado, a la cual los legisladores se han empeñado en cubrirla con un manto patriótico trascendental, como si de ella dependiera la misma existencia nacional, en la última semana ha mostrado su verdadero rostro: es una reforma para que todo siga igual.

¡Y tan solo tenemos a la vista dos temas! el electoral y el hacendario. Suficientes para demostrar el verdadero trasfondo de la política nacional y los intereses de los partidos políticos.

La verdadera línea de acción, en vez de ser el bien nacional, es el oportunismo para que tal o cual medida se refleje en las urnas a favor de los partidos políticos.

Texto completo en: Soto Cesaretti: Nuevamente la partidocracia se impone

El relevo presidencial de 2006

(Texto original del 17 de noviembre de 2006)

En la elección presidencial de 1929, en que resultó victorioso Pascual Ortiz Rubio del Partido Nacional Revolucionario (antecedente original del PRI), la élite política y militar posrevolucionaria se puso nerviosa con la campaña opositora del civil José Vasconcelos. En especial, porque el último candidato que había obtenido una victoria electoral para el mismo cargo, Álvaro Obregón, había sido asesinado hacía poco más de un año. Los poderosos en el poder arremetieron con asesinatos, violencia armada, robo de urnas, etcétera. El remedio fue un resultado tranquilizador de la contienda: Ortiz Rubio con 93.55% vs Vasconcelos con 5.33%.

Texto completo en: Almanaque de México: El relevo presidencial de 2006

Vicepresidencia

En seis extractos por separado, se presenta Sistema de suplencia presidencial elaborado en diciembre de 2005, vísperas del año electoral de 2006, para reflexionar sobre una pregunta que con la efervecencia política de la época se antojaba como platillo mayor para una reforma electoral: ...si faltara el presidente de la República ¿quién lo sustituiría?

Ahora, actualizada con una séptima parte con motivo de los trabajos de la Reforma del Estado propuesta para 2007.

Vicepresidencia I, II, III, IV, V, VI y VII.

Democracia, voto y consenso

(Texto original del 8 de octubre de 1996)

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Esta muy en voga la democratización de todo lo que nos rodea, Estado, partidos políticos, oficinas, instituciones... y tal parece que la idea de democracia es simplemente el voto. Definir democracia es, sin duda alguna, un trabajo para una tesis, así que solo tomaremos la definición simple de un diccionario, sin meternos en algo más complejo: “Sistema político en que el pueblo ejerce la soberanía. Doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno”.[1] Esto nos da como resultado que el voto es un camino o una herramienta de la democracia y no, como comúnmente se cree, que el voto por si solo es la democracia. En otras palabras, la democracia es elegir a los gobernantes, pero solo en parte, ya que también lo es el poder llegar a ser elegido, o simplemente el llegar a participar en el gobierno, representando al pueblo.

¿Por qué razón decimos que en México no hay democracia? Porque por tradición el voto es allanado para imponer a algún personaje o personajes, no importando la opinión del pueblo. ¿Y desde cuando actuamos así? Desde siempre y por una tradición aun más antigua que la elección por sufragio: la de elegir a los gobernantes por consenso. La elección por sufragio se resume en que el que tenga más votos en su favor adquiere el cargo por el cual es electo, lo elige la mayoría, aunque la diferencia sea por un solo voto. La elección por consenso es cuando alguien adquiere un cargo en forma unánime, sin ningún voto en contra y por acuerdo de todos los electores. El sufragio universal como lo conocemos ahora, donde las mujeres también votan, tiene menos de dos tercios de siglo y se rige por infinidad de instrumentos para no ser violado. En cambio la elección por consenso tiene más de cinco siglos en esta tierra y no se regula por ningún decreto, ley o norma, simplemente por consentimiento, y no necesita ser protegido ya que no se viola.

En tiempos prehispánicos la comunidad se integraba en un núcleo familiar, a manera de clan escocés o de gens latina: el calpulli. El calpulli era dirigido por los miembros más prominentes de este núcleo social, por lo general personas de edad avanzada, que nombraban, por consenso, a los funcionarios que necesitaba el calpulli, al teachcauh, jefe civil y religioso, al tecuhtli, jefe militar, entre otros. La unión de varios calpulmej (plural de calpulli) daba al Estado, representado en el tlatocan, compuesto por los teachcauh y los tecuhtli de cada calpulli. El tlatocan a su vez elegía por consenso al tlatoani, gobernante del Estado, y al tlacatecuhtli, jefe militar del Estado. A la llegada de los españoles el tlacatecuhtli de tenochtitlan hacia también las funciones de tlatoani, gobernante y jefe militar en la misma persona, pero la estructura de elección era la misma. Tiempo después, a pesar de la imposición del gobierno español en el Estado, a nivel familiar se conservó, y se conserva, esta forma de elección en comunidades indígenas[2].

En las elecciones del Tlatocan se reunían: los teachcauh (como hoy se reúnen los gobernadores, procuradores y magistrados), los tecuhtli (o secretarios de la Defensa y Marina), los tequitlatos (o secretarios del trabajo), los tequinechicoani (o secretarios de hacienda), los cuacuilli, (o arzobispos y obispos), los topiles (o policías), entre otros. Estudiaban la situación que regía en el Estado y valorando las cualidades que debía tener el gobernante, además de procurar que éste fuera afín a cada uno de ellos o de sus políticas, se elegía al nuevo tlacatecuhtli (o presidente). Cuando era anunciado al pueblo en general (lo que hoy se conoce como destape) se tenía que aceptar, porque era la mejor decisión de sus representantes más sabios[3]. Cosa que a la fecha en mucho no ha cambiado.

El problema del consenso es que tiene que ser en un grupo reducido (se imaginan unificar los criterios de 80,000,000 de mexicanos) y el grupo reducido solo ve sus intereses despreocupándose de los intereses de los demás. El problema del sufragio es que por añeja costumbre es depuesto por el consenso y el voto no lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura, es un invento venido de no se donde, impuesto por decreto, que si se sigue violando jamás podrá ser la forma más viable de la democracia en México.

[1] Enciclopedia Vniversal Ilvstrada: Evropeo Americana, t. XVIII, Madrid, Espasa Calpe, S.A., s/f, p.p. 31.
[2] Gortari, Eli de, “Organización Social”, en La ciencia en la historia de México, México, Grijalvo, 1990, p.p. 49 - 60.
[3] León Portilla, Miguel, Conferencia Magisterial en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 18 y 19 de septiembre de 1996.

Nuevamente la partidocracia se impone

Los intereses de la nación nuevamente son moneda de cambio.

La llamada reforma del Estado, a la cual los legisladores se han empeñado en cubrirla con un manto patriótico trascendental, como si de ella dependiera la misma existencia nacional, en la última semana ha mostrado su verdadero rostro: es una reforma para que todo siga igual.

¡Y tan solo tenemos a la vista dos temas! el electoral y el hacendario. Suficientes para demostrar el verdadero trasfondo de la política nacional y los intereses de los partidos políticos.

La verdadera línea de acción, en vez de ser el bien nacional, es el oportunismo para que tal o cual medida se refleje en las urnas a favor de los partidos políticos.


Sobre la reforma hacendaria

El Partido Acción Nacional (PAN) aprendió de su primer sexenio en el poder: no basta con tener la presidencia y una incipiente mayoría en el Congreso. Se debe de tener un compromiso de gobierno y de ejercer debidamente la política para negociar con las demás fuerzas políticas del país. La responsabilidad de gobernar bien es altísima y las decisiones deben de beneficiar incluso a la oposición, fundamentándose en el interés nacional. En buena medida casi pierden la presidencia precisamente por hacer lo contrario durante la tragicómica administración de Vicente Fox, ya que el único cambio que logró fue debilitar al Estado mexicano y a sus instituciones más importantes, entre ellas a la presidencia misma.

El nuevo presidente Felipe Calderón lo sabe, y gracias a ese discernimiento evitó la catástrofe del PAN durante las elecciones de 2006. Aunque no salieron bien librados del todo, ya que los resultados tan cerrados y el conflicto postelectoral crearon tal polémica que la oposición ha calificado al proceso hasta el cansancio como fraudulento. Calderón ha tenido como prioridad legitimarse en el cargo y como sabe que la responsabilidad que recae en él es mayor que la que tendría si hubiese tenido una victoria holgada sobre su adversario, se ha cuidado de incorporar en sus medidas de gobierno muchas banderas que enarbolaron los opositores y, por ende, es más cuidadoso en sus decisiones. Como resultado, por mantener el poder, sus acciones están más cerca del bienestar nacional, por lo menos en comparación de la administración pasada.

Con base en lo anterior, su administración propone una reforma hacendaria (que al parecer es más una complejización del sistema tributario) mediante la cual propone nuevas medidas para evitar la evasión fiscal, nuevas cargas impositivas y en general vías para poder tener más ingresos. Pero esos ingresos no servirán para bajar la presión de los gastos del gobierno federal. Más bien servirán para financiar nuevos programas sociales que permitan al PAN mantenerse en el poder en el sexenio de 2012-2018. Aunque una parte será para cubrir algo de la disminución de recursos que inyecta Petróleos Mexicanos (Pemex) cada vez más a la baja.

Esta necesidad de gastar en nuevos programas sociales es como resultado de las medidas paternalistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acaudillado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (quien se atrevió a intitularse como presidente legítimo al desconocer los resultados de la elección de 2006). Las medidas ampliamente promovidas por López Obrador y apoyadas por el PRD, calificadas por algunos como populistas, son aún más ambiciosas que las que el PAN ha adoptado. De hecho, quien está a la vanguardia en estos temas es el PRD y el PAN sólo busca quitarle las banderas a su contrincante siendo tan papista como el Papa, aún en contra de su voluntad.

El tercer partido político grande, el Revolucionario Institucional (PRI), aún sin brújula (perdida desde el año 2000, cuando dejó de tener el poder Ejecutivo), muy debilitado, sostenido de las fortalezas/debilidades de su pasado, regionalizado en los estados que aún gobierna a su usanza y con la esperanza/ambición de volver a sus fueros, se limita a navegar con vela neutral entre la tormenta que desatan el PAN vs. PRD, recogiendo/recuperando los votos que estos pierden. Así las cosas, respetan las instituciones que ellos crearon o fortalecieron, avalan el paternalismo que en su historia fue dirigido por el corporativismo y deciden las acciones legislativas según la popularidad de la medida, por su pasado en el poder o por intereses del interior de la República donde aún son gobierno para proteger sus intereses partidarios. Por lo tanto, hay cosas que si y cosas que no apoyan de la reforma hacendaria del PAN.

Al final, el tema de la hacienda nacional sigue sin una discusión seria. Los ingresos son menores a los gastos, alcanzándose la suficiencia presupuestaria gracias a la coyuntural entrada de las ventas del petróleo (que como ya se dijo va a la baja y que en un futuro no muy lejano será a la inversa y terminaremos comprándolo). El gasto no logra ser eficiente y se pierden muchos recursos en la burocracia mexicana (aunque el gobierno de Calderón prometió que los recursos se asignarían según los resultados que entregaran los programas y no como ahora que no se califican). La recaudación fiscal sigue constreñida a los causantes cautivos y no se remedia la evasión que es de un porcentaje alarmante, aún bajo los estándares de Latinoamérica. La economía informal en vez de reducirse crece, fenómeno intrínsecamente vinculado con la mala recaudación fiscal y apoyada por los partidos políticos en forma velada para la simple obtención de votos. Finalmente, la complejidad administrativa afectan directamente el ánimo de invertir o producir en el país, tanto para individuos, pequeños emprendedores, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) e incluso grandes multinacionales; este es otro elemento que apoya el desarrollo de la economía informal.

En la administración de Fox se presentó dentro de la reforma fiscal la intensión de impulsar los impuestos al consumo (como el Impuesto al Valor Agregado [IVA]) sobre los impuestos al ingreso (como el Impuesto Sobre la Renta [ISR] o el Impuesto al Activo), tendencia que se tiene a nivel mundial porque simplifica la recaudación y amplia la base de contribución. La reforma fracasó concretamente porque el gravar libros, medicinas y alimentos con alguna tasa del IVA es una medida definitivamente antipopulista. La oposición patermalista, al oponerse a estas medidas, obtuvo un beneficio electoral a costa de congelar indefinidamente la reforma fiscal. La administración de Calderón decidió buscar medidas más populares en la reforma hacendaria e invirtió la intención mundial y foxista: ahora los impuestos al ingreso están sobre los impuestos al consumo, lo que hace más rígido la recaudación en los causantes cautivos, dificulta la ampliación de la base de contribución y dificulta en general la recaudación al complicar aún más la complejidad administrativa.

La reforma hacendaria se piensa que es necesaria porque desde el final del gobierno de Zedillo se nos dice que si no se hace el gobierno caerá en quiebra. Pero tiene en contra las nuevas cargas fiscales de una tasa fija para quien declara de repente en ceros sus ganancias. Esta medida, si bien dicen, afectará principalmente a los grandes causantes, estos aceptarán la medida a cambio de algún otro favor, como puede ser unos aumentos pírricos al salario mínimo, entre otros que afectan a toda la base laboral nacional. Otra medida de la reforma sería el sobre-impuesto a la gasolina, que además de disparar una inflación, elevaría el costo de los combustibles que de por sí son absurdamente altísimos para ser México un país productor de petróleo.

En consecuencia la reforma hacendaria se convierte en una moneda de cambio del PAN que será aceptada por los demás partidos políticos a cambió de algo más.


Sobre la reforma electoral

Precisamente de entre quienes el gobierno es rehén, los partidos políticos, las reglas para alcanzar el poder son aún insuficientes para su voracidad. La falta de democracia al interior de los partidos, tanto en los militantes como en las estructuras mismas de éstas instituciones es tan grande, que los mismos conflictos que se ven en las elecciones federales y estatales se reproducen en pequeño en los cargos de dirección de los partidos a nivel municipal y distrital. El lenguaje de los traspiés electorales y sus formas antidemocráticas es tan amplio en el país que incluso cuanta con su propia jerga especializada.

Entonces, las medidas que actualmente se agrupan en torno a una reforma electoral recaen más en un impedir los descarados abusos que en elevar la democracia del país. Estos abusos, al no estar prohibidos explícitamente por la ley son llevados a cabo aunque a toda luz sean poco éticos y nada morales.

Sin duda alguna, entre la elección federal del año 2000 y la del 2006 se aprendió la lección de que no es lo mismo democracia que alternancia y que la democracia mexicana pasó de su elección más gloriosa a la más vituperada. Indudablemente, los sucesos de 2006 mostraron como nunca antes las deficiencias del proceso electoral federal mexicano, que se conocían de tiempo atras: campañas muy largas; precampañas que extienden aún más el proceso electoral; derroche exageradísimo de recursos de campaña; interferencia de organismos ajenos al proceso (esto es, distintos de los partidos políticos y de las autoridades electorales); descalificaciones e intimidaciones de los candidatos de manera impune; carencia de procedimientos ante un reducidísimo margen entre los punteros de una elección (o la falta de contemplar una segunda vuelta electoral, por lo menos en la campaña presidencial); entre muchas otras.

Pero sobre todo lo anterior, no cabe la menor duda de que la mayor deficiencia es que en la democracia mexicana, mucho más allá del proceso electoral, es la incapacidad de admitir la derrota en las urnas, no digamos que se acepta civilizadamente, aunque fuera bajo protesta. Incapacidad que arrastra a las instituciones electorales a un descrédito (merecido o no) por cumplir con sus atribuciones legales.

Y es allí donde la reforma electoral se convierte en la moneda de cambio para el PRD. Además de los muchos remiendos que se pretenden legislar para endurecer los procedimientos electorales que benefician comúnmente a la oposición en vez de al partido en el poder, los cuales en esta reforma son, por ejemplo, reducir los tiempos y gastos electorales, implementar el recuento de voto por voto, etcétera; el punto neurálgico sería avalar el cambio anticipado de los consejeros del IFE, incluido el consejero presidente, a fin de expulsar del órgano electoral a quien, para ellos, participó abiertamente en el fraude en contra de su caudillo López Obrador en el proceso presidencial de 2006.

La dichosa reforma electoral se muestra así tal cual es: la adecuación (o remodelación) de las instituciones nacionales, a modo de los intereses de los partidos políticos, que en muy poco, o quizá en nada, ven por el interés nacional que sería fomentar la democracia. La moneda de la reforma hacendaria del PAN a cambio de la moneda de la reforma electoral del PRD está discutiéndose en tribuna, y será con el aval del PRI y los demás partidos pequeños como testigos de honor. Con el mayor cinismo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Emilio Gambóa, afirmó a la prensa que si no va la reforma electoral, no va la de hacienda y que si no va la reforma de hacienda, no va la electoral: moneda vs. moneda.



Con el resultado que venga, sea cual sea, será definitivamente a favor de los partidos políticos. Los mexicanos seremos afortunados si por alguna extraña coincidencia algo de lo que dispongan, de rebote, sea benéfico para la nación. De la misma forma, seremos desafortunados si por la triste realidad, que es más común, mucho de lo que legislen sea contrario al bienestar de México.