Los intereses de la nación nuevamente son moneda de cambio.
La llamada
reforma del Estado, a la cual los legisladores se han empeñado en cubrirla con un manto patriótico trascendental, como si de ella dependiera la misma existencia nacional, en la última semana ha mostrado su verdadero rostro: es una reforma para que todo siga igual.
¡Y tan solo tenemos a la vista dos temas! el electoral y el hacendario. Suficientes para demostrar el verdadero trasfondo de la política nacional y los intereses de los partidos políticos.
La verdadera línea de acción, en vez de ser el bien nacional, es el oportunismo para que tal o cual medida se refleje en las urnas a favor de los partidos políticos.
Sobre la reforma hacendaria
El Partido Acción Nacional (PAN) aprendió de su primer sexenio en el poder: no basta con tener la presidencia y una incipiente mayoría en el Congreso. Se debe de tener un compromiso de gobierno y de ejercer debidamente la política para negociar con las demás fuerzas políticas del país. La responsabilidad de gobernar bien es altísima y las decisiones deben de beneficiar incluso a la oposición, fundamentándose en el interés nacional. En buena medida casi pierden la presidencia precisamente por hacer lo contrario durante la tragicómica administración de Vicente Fox, ya que el único cambio que logró fue debilitar al Estado mexicano y a sus instituciones más importantes, entre ellas a la presidencia misma.
El nuevo presidente Felipe Calderón lo sabe, y gracias a ese discernimiento evitó la catástrofe del PAN durante las elecciones de 2006. Aunque no salieron bien librados del todo, ya que los resultados tan cerrados y el conflicto postelectoral crearon tal polémica que la oposición ha calificado al proceso hasta el cansancio como fraudulento. Calderón ha tenido como prioridad legitimarse en el cargo y como sabe que la responsabilidad que recae en él es mayor que la que tendría si hubiese tenido una victoria holgada sobre su adversario, se ha cuidado de incorporar en sus medidas de gobierno muchas banderas que enarbolaron los opositores y, por ende, es más cuidadoso en sus decisiones. Como resultado, por mantener el poder, sus acciones están más cerca del bienestar nacional, por lo menos en comparación de la administración pasada.
Con base en lo anterior, su administración propone una reforma hacendaria (que al parecer es más una
complejización del sistema tributario) mediante la cual propone nuevas medidas para evitar la evasión fiscal, nuevas cargas impositivas y en general vías para poder tener más ingresos. Pero esos ingresos no servirán para bajar la presión de los gastos del gobierno federal. Más bien servirán para financiar nuevos programas sociales que permitan al PAN mantenerse en el poder en el sexenio de 2012-2018. Aunque una parte será para cubrir algo de la disminución de recursos que inyecta Petróleos Mexicanos (Pemex) cada vez más a la baja.
Esta necesidad de gastar en nuevos programas sociales es como resultado de las medidas paternalistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acaudillado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (quien se atrevió a intitularse como presidente
legítimo al desconocer los resultados de la elección de 2006). Las medidas ampliamente promovidas por López Obrador y apoyadas por el PRD, calificadas por algunos como populistas, son aún más ambiciosas que las que el PAN ha adoptado. De hecho, quien está a la vanguardia en estos temas es el PRD y el PAN sólo busca quitarle las banderas a su contrincante siendo tan papista como el Papa, aún en contra de su voluntad.
El tercer partido político grande, el Revolucionario Institucional (PRI), aún sin brújula (perdida desde el año 2000, cuando dejó de tener el poder Ejecutivo), muy debilitado, sostenido de las fortalezas/debilidades de su pasado, regionalizado en los estados que aún gobierna a su usanza y con la esperanza/ambición de volver a sus fueros, se limita a navegar con vela neutral entre la tormenta que desatan el PAN vs. PRD, recogiendo/recuperando los votos que estos pierden. Así las cosas, respetan las instituciones que ellos crearon o fortalecieron, avalan el paternalismo que en su historia fue dirigido por el corporativismo y deciden las acciones legislativas según la popularidad de la medida, por su pasado en el poder o por intereses del interior de la República donde aún son gobierno para proteger sus intereses partidarios. Por lo tanto, hay cosas que si y cosas que no apoyan de la reforma hacendaria del PAN.
Al final, el tema de la hacienda nacional sigue sin una discusión seria. Los
ingresos son menores a los gastos, alcanzándose la suficiencia presupuestaria gracias a la coyuntural entrada de las ventas del petróleo (que como ya se dijo va a la baja y que en un futuro no muy lejano será a la inversa y terminaremos comprándolo). El
gasto no logra ser eficiente y se pierden muchos recursos en la burocracia mexicana (aunque el gobierno de Calderón prometió que los recursos se asignarían según los resultados que entregaran los programas y no como ahora que no se califican). La
recaudación fiscal sigue constreñida a los causantes cautivos y no se remedia la evasión que es de un porcentaje alarmante, aún bajo los estándares de Latinoamérica. La
economía informal en vez de reducirse crece, fenómeno intrínsecamente vinculado con la mala recaudación fiscal y apoyada por los partidos políticos en forma velada para la simple obtención de votos. Finalmente, la
complejidad administrativa afectan directamente el ánimo de invertir o producir en el país, tanto para individuos, pequeños emprendedores, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) e incluso grandes multinacionales; este es otro elemento que apoya el desarrollo de la economía informal.
En la administración de Fox se presentó dentro de la reforma fiscal la intensión de impulsar los impuestos al consumo (como el Impuesto al Valor Agregado [IVA]) sobre los impuestos al ingreso (como el Impuesto Sobre la Renta [ISR] o el Impuesto al Activo), tendencia que se tiene a nivel mundial porque simplifica la recaudación y amplia la base de contribución. La reforma fracasó concretamente porque el gravar libros, medicinas y alimentos con alguna tasa del IVA es una medida definitivamente a
ntipopulista. La oposición patermalista, al oponerse a estas medidas, obtuvo un beneficio electoral a costa de congelar indefinidamente la reforma fiscal. La administración de Calderón decidió buscar medidas más populares en la reforma hacendaria e invirtió la intención mundial y foxista: ahora los impuestos al ingreso están sobre los impuestos al consumo, lo que hace más rígido la recaudación en los causantes cautivos, dificulta la ampliación de la base de contribución y dificulta en general la recaudación al complicar aún más la complejidad administrativa.
La reforma hacendaria se piensa que es necesaria porque desde el final del gobierno de Zedillo se nos dice que si no se hace el gobierno caerá en quiebra. Pero tiene en contra las nuevas cargas fiscales de una tasa fija para quien declara de repente en ceros sus ganancias. Esta medida, si bien dicen, afectará principalmente a los grandes causantes, estos aceptarán la medida a cambio de algún otro favor, como puede ser unos aumentos pírricos al salario mínimo, entre otros que afectan a toda la base laboral nacional. Otra medida de la reforma sería el sobre-impuesto a la gasolina, que además de disparar una inflación, elevaría el costo de los combustibles que de por sí son absurdamente altísimos para ser México un país productor de petróleo.
En consecuencia la reforma hacendaria se convierte en una moneda de cambio del PAN que será aceptada por los demás partidos políticos a cambió de algo más.
Sobre la reforma electoral
Precisamente de entre quienes el gobierno es rehén, los partidos políticos, las reglas para alcanzar el poder son aún insuficientes para su voracidad. La falta de democracia al interior de los partidos, tanto en los militantes como en las estructuras mismas de éstas instituciones es tan grande, que los mismos conflictos que se ven en las elecciones federales y estatales se reproducen en pequeño en los cargos de dirección de los partidos a nivel municipal y distrital. El lenguaje de los traspiés electorales y sus formas antidemocráticas es tan amplio en el país que incluso cuanta con su propia jerga especializada.
Entonces, las medidas que actualmente se agrupan en torno a una reforma electoral recaen más en un impedir los descarados abusos que en elevar la democracia del país. Estos abusos, al no estar prohibidos explícitamente por la ley son llevados a cabo aunque a toda luz sean poco éticos y nada morales.
Sin duda alguna, entre la elección federal del año 2000 y la del 2006 se aprendió la lección de que no es lo mismo democracia que alternancia y que la democracia mexicana pasó de su elección más gloriosa a la más vituperada. Indudablemente, los sucesos de 2006 mostraron como nunca antes las deficiencias del proceso electoral federal mexicano, que se conocían de tiempo atras: campañas muy largas; precampañas que extienden aún más el proceso electoral; derroche exageradísimo de recursos de campaña; interferencia de organismos ajenos al proceso (esto es, distintos de los partidos políticos y de las autoridades electorales); descalificaciones e intimidaciones de los candidatos de manera impune; carencia de procedimientos ante un reducidísimo margen entre los punteros de una elección (o la falta de contemplar una segunda vuelta electoral, por lo menos en la campaña presidencial); entre muchas otras.
Pero sobre todo lo anterior, no cabe la menor duda de que la mayor deficiencia es que en la democracia mexicana, mucho más allá del proceso electoral, es la incapacidad de admitir la derrota en las urnas, no digamos que se acepta civilizadamente, aunque fuera bajo protesta. Incapacidad que arrastra a las instituciones electorales a un descrédito (merecido o no) por cumplir con sus atribuciones legales.
Y es allí donde la reforma electoral se convierte en la moneda de cambio para el PRD. Además de los muchos remiendos que se pretenden legislar para endurecer los procedimientos electorales que benefician comúnmente a la oposición en vez de al partido en el poder, los cuales en esta reforma son, por ejemplo, reducir los tiempos y gastos electorales, implementar el recuento de voto por voto, etcétera; el punto neurálgico sería avalar el cambio anticipado de los consejeros del IFE, incluido el consejero presidente, a fin de expulsar del órgano electoral a quien, para ellos, participó abiertamente en el fraude en contra de su caudillo López Obrador en el proceso presidencial de 2006.
La dichosa reforma electoral se muestra así tal cual es: la adecuación (o remodelación) de las instituciones nacionales, a modo de los intereses de los partidos políticos, que en muy poco, o quizá en nada, ven por el interés nacional que sería fomentar la democracia. La moneda de la reforma hacendaria del PAN a cambio de la moneda de la reforma electoral del PRD está discutiéndose en tribuna, y será con el aval del PRI y los demás partidos pequeños como testigos de honor. Con el mayor cinismo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Emilio Gambóa, afirmó a la prensa que si no va la reforma electoral, no va la de hacienda y que si no va la reforma de hacienda, no va la electoral: moneda vs. moneda.
Con el resultado que venga, sea cual sea, será definitivamente a favor de los partidos políticos. Los mexicanos seremos afortunados si por alguna extraña coincidencia algo de lo que dispongan, de rebote, sea benéfico para la nación. De la misma forma, seremos desafortunados si por la triste realidad, que es más común, mucho de lo que legislen sea contrario al bienestar de México.
