(Texto original del 16 de enero de 2003)
Gobernar sin mayoría. México 1867-1997
María Amparo Casar e Ignacio Marván (coordinadores)
Taurus – CIDE, México, 2002, 457 pp.
La supremacía que alcanzó el poder Ejecutivo sobre el Legislativo durante las presidencias priístas, cambió tras las elecciones federales de 1997. A partir de estas, el partido oficial perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la presidencia se enfrentó a un gobierno dividido.
Los investigadores del CIDE, María Amparo Casar e Ignacio Marván Laborde se dieron a la tarea de coordinar el libro Gobernar sin mayoría. México 1867-1997. En el cual muestran los avatares del Ejecutivo para gobernar ante un Congreso de oposición. Contrario a sus políticas y a sus iniciativas presidenciales.
María Amparo Casar nos dice que es más común en las democracias de América Latina un gobierno dividido, que uno con mayoría del partido en el poder. Las elecciones poco o nada competitivas en México, durante los gobiernos priístas, aseguraron que el presidente tuviera mayoría partidaria indiscutible en ambas Cámaras federales. Traduciéndose lo anterior en legislaturas dóciles o Congresos gobiernistas.
El reciente crecimiento del número de diputados de oposición hace ver al Congreso en conflicto con la presidencia. Al punto de creerse posible la parálisis gubernamental. María Amparo Casar niega que los gobiernos divididos crean crisis institucionales. Como lo han demostrado otros países de la región. Apoya lo anterior el consejero ciudadano del IFE, Alfonso Lujambio, quien estudia once Estados de la federación mexicana entre 1989 y 1997.
De manera paralela, José Antonio Aguilar Rivera expone que los gobiernos dividios son consecuencia de la idea misma planteada por Montesquieu: separación de poderes y división de funciones. Nos habla del planteamiento de los “pesos y contrapesos” que se utilizaron en los Estados Unidos. En donde las funciones de gobierno son distribuidas entre los tres poderes, de tal forma que se evite que uno abuse de los otros dos.
En contraparte está la interpretación de los “límites funcionales”. En la cual cada poder asume funciones específicas, las cuales no puede rebasar. Pero carece de métodos reales para evitar un desequilibrio de poderes. Modelo que México heredo de España y Francia. Y que plasmó en sus constituciones.
La Constitución de 1857 dio vida a un Legislativo muy fuerte y un Ejecutivo disminuido. El equilibrio de poderes se logró tras guerras internas, una que otra reforma y principalmente con controles políticos por encima de la Carta Magna.
El Constituyente de 1916-1917 invirtió el equilibrio a favor del Ejecutivo, con un Legislativo manipulable en su conformación, como lo expone Ignacio Marván Laborde. Ya que los procesos electorales quedaron vulnerables durante su calificación.
La democratización de los procesos de elección popular y el subsecuente crecimiento de la oposición de una minoría incipiente a un gobierno dividido, a puesto en evidencia la necesidad del equilibrio de poderes en México.
Jesús Silva-Herzog Márquez habla de que la Constitución se adora, pero no se conoce. Ésta debe ser un instrumento normativo más que un proyecto de nación. Y queda pendiente una reforma integral de ella.
A pesar de que la coedición entre el CIDE y la editorial Taurus es del año 2002, los estudios solo llegan hasta 1997. Interesante hubiera sido un estudio sobre las dos legislaturas con mayoría de oposición que hemos tenido desde entonces. No obstante es una lectura ad hoc, ahora que se aproxima la efervescencia política de las elecciones intermedias del 6 de julio.
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